Alerta en el ruralismo por la posible aplicación de la ley antiterrorista

La dirigencia rural y la oposición política salieron ayer en pleno a rechazar un posible uso de la ley antiterrorista.

La dirigencia rural y la oposición política salieron ayer en pleno a rechazar un posible uso de la ley antiterrorista para obligar a los productores agropecuarios a liquidar la soja de la campaña que ya empezó a cosecharse y que debería llenar la plaza de dólares a partir de abril.

La Mesa de Enlace criticó la posibilidad de forma unánime. “Es una práctica fascista, ésta entendida como un gobierno que quiere concentrar todo el poder, no admite crítica, oposición y quiere controlar todo lo que sea industria, comercio y producción”, afirmó el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Luis Miguel Etchevehere, en Tucumán, en una asamblea con 600 productores de la que participó la cúpula de la Mesa de Enlace.

Según funcionarios del Gobierno, el sector agropecuario mantiene en silobolsas soja de la campaña pasada por entre u$s 3.000 y 5.000 millones, que ya provocó rastrillajes de la AFIP por toda la zona pampeana para detectar posibles maniobras de evasión. Los ruralistas dicen haber vendido todo.

Pero es la campaña que ya empezó a cosecharse la que tiene a los funcionarios preocupados. Según un informe de Bein, el campo debería exportar u$s 25.600 millones de soja y gran parte de ese dinero entrará al Banco Central entre abril y julio, cuando se liquide la cosecha gruesa. Ante un escenario de precios baratos (descontadas las retenciones, el productor sojero recibe un dólar a $ 3,32, contra el $ 5,20 oficial y el $ 8,30 blue) los ruralistas intentan vender lo menos posible. Entienden que la cosecha es su reserva de valor. Y lo confirmó Etchevehere: “Este año los productores van a dosificar las ventas para poder mantener su poder adquisitivo hasta la próxima cosecha, tendrán mucha prudencia al momento de vender y van a estudiar mucho cualquier compra e inversión antes de realizarlas”, indicó.

En este escenario, la aplicación de la ley antiterrorista fue uno de los recursos que se dejaron sobre el escritorio de la presidenta Cristina Fernández para obligar al ruralismo a liquidar divisas. En esta hipótesis, los productores atentarían contra el orden económico y liderarían un “golpe de mercado”.

La ley antiterrorista es, según los expertos, “amplia”. No delimita conductas, sino que aumenta penas para quien cometa un delito con el fin de aterrorizar a la población. ¿Qué delito podrían cometer los productores? Los contemplados por la ley de abastecimiento o la ley penal tributaria, por ejemplo.

El presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Rubén Ferrero, consideró que la posible medida “es parte de los aprietes y las amenazas del Gobierno contra el campo”. El presidente de Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi, advirtió que “si no aparecen las soluciones que estamos reclamando hace tiempo, no quedará más alternativa que ir a una gran protesta agropecuaria nacional”.

La oposición en su conjunto se sumó al rechazo. “Es un instrumento propio de gobiernos autoritarios. Así no se frena la fuga de dólares, al contrario. Así se frenan las inversiones, espantadas ante un gobierno que no genera credibilidad ni condiciones para la producción y el comercio”, dijo la diputada de GEN-FAP Margarita Stolbizer. “Se estaría obligando a los productores a vender cuándo y cómo el Gobierno quiere”, agregó Cornelia Schmidt-Liermann, de Pro. Se plegaron Patricia Bullrich (Unión Por Todos) y Eduardo Amadeo (PJ Disidente), entre otros. Los diputados esperaban la excusa para caerle al Gobierno desde que se sancionó la controvertida ley, en diciembre de 2011.

La aplicación de la ley es resistida dentro del Gobierno por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Entiende que implicaría generar más conflicto con el ruralismo en momentos en que el Ejecutivo necesita los dólares y bajar la conflictividad para sostener el congelamiento de precios.