La causa sobre el decreto presidencial que declaró nula la venta del predio ferial de La Rural se quedó sin juez de primera instancia.
La causa sobre el decreto presidencial que declaró nula la venta del predio ferial de La Rural se quedó sin juez de primera instancia: la entidad agropecuaria recusó a Iván Garbarino y ahora la Cámara deberá sortear nuevamente el expediente. La definición del Gobierno está paralizada por una medida cautelar. El apartamiento de Garbarino se enmarca en una serie de reveses procesales que han recibido los letrados del Gobierno que intervienen en la causa. Los mismos que anoche analizaban, sin grandes expectativas, la posibilidad de recurrir en queja a la Corte Suprema donde se expondrían a un nuevo rechazo.
La semana pasada la Sala II, que integran Graciela Medina y Ricardo Guarinoni, de la Cámara rechazó por "extemporáneo" un pedido del oficialismo para recurrir al máximo tribunal. Tanto esta resolución como la recusación sin fundamento contra el juez han comenzado a señalar el final de las acciones de los abogados de la Jefatura de Gabinete en un fuero adverso para el kirchnerismo, especialmente desde fines de 2012, cuando allí naufragara, en plena puja por la ley de medios, el tan promocionado 7D luego de una medida cautelar firmada por Francisco de las Carreras y Susana Najurieta. En este fuero se decidió el efecto suspensivo al Decreto 2.552/12 con el cual Cristina de Kirchner decidió expropiar el predio ferial.
El oficialismo intentó, sin éxito, que la causa pase al fuero Contencioso Administrativo, donde sus reclamos suelen tener mejor destino. Luego redujo su nivel de litigio y ni siquiera apeló contra dicha medida cautelar. Tampoco apostó por una sentencia de fondo sobre la cuestión y a partir de esta inacción los abogados de La Rural aprovecharon para recusar a Garbarino (que ingresó como conjuez con el apoyo del kirchnerismo en el Senado). Este escenario marcó un camino de retirada y ahora las expectativas pasarán al fuero penal, donde la causa por la compraventa del predio tramita en el juzgado de Sergio Torres.
También es una jugada difícil. Los letrados de La Rural ya han ampliado su presentación contra el Gobierno. Cuestionan la idea de "precio vil" utilizada por el oficialismo ya que entienden que éste sólo se podía definir sobre la base de una concesión previa inexistente. "El terreno vale en la medida de la explotación que se pueda realizar en el mismo", argumentaron. También apelaron al principio de usucapión que favorece a la parte que ha cumplido en forma constante, a lo largo del tiempo, los acuerdos de concesión rubricados.
Desde el comienzo de la causa los camaristas del fuero Civil y Comercial se mostraron sorprendidos por el rumbo de la estrategia procesal del oficialismo
en un tema tan delicado.
La semana pasada la Sala II, que integran Graciela Medina y Ricardo Guarinoni, de la Cámara rechazó por "extemporáneo" un pedido del oficialismo para recurrir al máximo tribunal. Tanto esta resolución como la recusación sin fundamento contra el juez han comenzado a señalar el final de las acciones de los abogados de la Jefatura de Gabinete en un fuero adverso para el kirchnerismo, especialmente desde fines de 2012, cuando allí naufragara, en plena puja por la ley de medios, el tan promocionado 7D luego de una medida cautelar firmada por Francisco de las Carreras y Susana Najurieta. En este fuero se decidió el efecto suspensivo al Decreto 2.552/12 con el cual Cristina de Kirchner decidió expropiar el predio ferial.
El oficialismo intentó, sin éxito, que la causa pase al fuero Contencioso Administrativo, donde sus reclamos suelen tener mejor destino. Luego redujo su nivel de litigio y ni siquiera apeló contra dicha medida cautelar. Tampoco apostó por una sentencia de fondo sobre la cuestión y a partir de esta inacción los abogados de La Rural aprovecharon para recusar a Garbarino (que ingresó como conjuez con el apoyo del kirchnerismo en el Senado). Este escenario marcó un camino de retirada y ahora las expectativas pasarán al fuero penal, donde la causa por la compraventa del predio tramita en el juzgado de Sergio Torres.
También es una jugada difícil. Los letrados de La Rural ya han ampliado su presentación contra el Gobierno. Cuestionan la idea de "precio vil" utilizada por el oficialismo ya que entienden que éste sólo se podía definir sobre la base de una concesión previa inexistente. "El terreno vale en la medida de la explotación que se pueda realizar en el mismo", argumentaron. También apelaron al principio de usucapión que favorece a la parte que ha cumplido en forma constante, a lo largo del tiempo, los acuerdos de concesión rubricados.
Desde el comienzo de la causa los camaristas del fuero Civil y Comercial se mostraron sorprendidos por el rumbo de la estrategia procesal del oficialismo
en un tema tan delicado.
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