Chile y los cuestionamientos a la ley de abigeato

Se estima que al año se robarían más de 14 mil cabezas. Ante el impacto económico y los riesgos sanitarios, en junio se promulgó la Ley Antiabigeato. Los ganaderos cuestionan su efectividad, a pesar de que las denuncias han disminuido.

El abigeato -o robo de animales- impacta fuertemente a los ganaderos y a los criadores de caballos del país, generando pérdidas que se calculan podrían llegar a los US$ 30 millones anuales. Por lo mismo, en junio pasado -luego de dos años en el Congreso- se promulgó la Ley 20.596 destinada a controlar el robo y muerte de animales.

“Esto ya es industrial. Imagínese que cuando roban 16 vacas de 500 kilos -botín de aproximadamente 8 millones de pesos-, no es para una población cualquiera, tiene que ser para una ciudad”, afirma Luis Ariel Jara, productor de la comuna de Bulnes, VIII Región, a quien en julio le robaron esa cantidad de vacunos.

Según datos de la Fiscalía Nacional, al año hay del orden de 6.028 denuncias. Sin embargo, esta cifra representaría una porción pequeña. Se estima que no superarían el 20% de los robos, pues hay un gran número que no son denunciados.

La situación afecta a los productores de todos los tamaños, pero los más susceptibles son los de menos recursos.

“Es un drama especialmente para los pequeños productores, con cercos no muy buenos, de fácil acceso y, por lo tanto, muy fáciles para ser atacadas por los cuatreros”, afirma Aníbal Ariztía, director del SAG.

Por años los ganaderos han sentido que en esto están en tierra de nadie. “Me han matado más de 190 animales en los últimos 30 años y nunca se me ha dado respuesta”, cuenta Tomás Troncoso, quien cría y engorda vacas en Chillán.

Por ello se esperaba que la llamada Ley Antiabigeato, cambiaría las cosas. Sin embargo, los ganaderos tienen la sensación de que eso no ocurrió.

Doble riesgo

El problema con el abigeato no es solo para los ganaderos. Los consumidores de carne también podrían estar en peligro, pues no hay un control sobre la salud ni sobre el faenamiento de esos animales. De ahí la doble importancia de controlar el delito.

A pesar del alto impacto que esto tiene para un ganadero, muchos de los afectados optan por no denunciar, ya sea por lo extenso del proceso o porque no reciben una solución.

“He hecho denuncias, pero nunca he obtenido nada. Al final, llegamos al punto en que si me roban, yo ya me quedo callado. Imagínese que hace la denuncia y tiene que ir al juzgado por horas y para qué, si nunca termina en nada”, explica Tomás Troncoso.

De hecho, de las más de seis mil denuncias anuales sólo se detiene a poco más de 500 personas. Y de estas, sólo el 3% recibe una condena definitiva, según el ministro de Agricultura Luis Mayol.

Las cifras luego de siete meses de aplicación de la ley dan cuenta de una reducción de 30% en las denuncias; lo que no se sabe es si han disminuido efectivamente los robos. Aún así, los ganaderos no ven que esté siendo efectiva.

“No ha sido para nada útil. Tengo varios colegas a los que les siguen robando y tampoco han visto resultados. Se hizo para que no existiera la guía de libre tránsito, pero eso no contribuye a nada porque por la hora que roban -entre tres y cuatro de la mañana-, anden con o sin papeles, robarán igual”, dice Troncoso.

Al parecer tuvo impacto al anunciarse, pero después su efecto habría desaparecido. “La nueva ley, de acuerdo con lo que he conversado con ganaderos, tuvo efecto al momento de su aplicación, pero seguramente los cuatreros ya encontraron la forma de evadir los controles, que, en definitiva, es la principal variación de la ley, y se volvió a las cifras anteriores”, comenta Claudio Villarroel, gerente general de Empresas C.A.R.

“La razón detrás de que aún existan estos casos es la ausencia de acciones de prevención, que deben llevarse a efecto entre las policías y agricultores; un escaso control policial y una investigación fallida, que hace que los delincuentes queden impunes”, afirma Cristán Letelier, diputado UDI, quien viene siguiendo el tema.

las cojeras

Uno de los problemas con el abigeato ha sido siempre controlar el traslado de los animales por las carreteras.

Fue lo que se intentó subsanar en la nueva ley. Para ello se creó el Formulario de Movimiento Animal (FMA) -que reemplaza a la anterior guía de libre tránsito-, al respaldar el origen, propiedad y destino de los animales y que es entregado por el SAG o Carabineros, los que luego pueden fiscalizarlo en las carreteras.

“Su objetivo está en combatir la cadena comercial en torno al robo de ganado y revertir, de esta forma, el escenario de impunidad en torno a este delito”, explica el ministro de Agricultura, Luis Mayol.

A pesar de que se supone que debiera permitir un mayor control, los ganaderos no están convencidos.

“Para los ladrones, eso (el FMA) no sirve, ellos van un paso adelante. El SAG saca el formulario y los ladrones probablemente ya deben tener una copia. Al final, los cuatreros se ríen de nosotros los que producimos animales”, afirma Luis Ariel Jara.

Al respecto, Carabineros advierte que no todos pueden retirar los formularios sino que las personas que harán los movimientos de animales deben estar inscritas en el SAG y, además, en cada comisaría se regula la cantidad y tipos de formulario entregados a los dueños de los predios, para que no haya una copia de formularios.

Una de las quejas ha sido que el FMA es más complejo. Desde el SAG insisten en que es clave que se entregue en forma adecuada la información.

“No hay excusas para no registrarlos (los animales). Además, siempre han tenido la obligación de poner aretes a sus animales, registrarlos y portar en todo movimiento de animales la guía de despacho -documento de SII- y el FMA. El cambio es que ahora el formulario es gratis, se retira en muchos más puntos, incluso en internet. A esto se suma que ahora se obliga a identificar el predio de origen y el destino. Son los mismo papeles de antes, pero un poco más amigables y con un propósito más amplio”, dice Ariztía.

Defiende a la herramienta.

“Nuestra labor es controlar que el transporte de animales se haga dentro de la legislación, se demuestre que va despachado por un legítimo propietario y destinado a un legítimo propietario. Por eso, tenemos la facultad de registrar el transporte -focalizados en vehículos de carga de animales-, pero en el mismo predio la responsabilidad también es de cada dueño. Lo que nosotros hacemos es procurar que el delito y que los cuatreros no puedan cometer abigeato impunemente y que, si lo hacen, reciban las penas que dicta la ley”, explica el director del SAG.

Para que el procedimiento de fiscalización funcione se requiere tener ciento por ciento operativo el programa de trazabilidad animal del SAG, a través del sistema en línea SipecWeb. Este busca crear un inventario de todos los animales de Chile. Sin embargo, y a pesar de que el sistema en línea ya está operativo, han tenido problemas técnicos en su puesta en marcha y en los intentos por hacerlo amigable para que todo ganadero lo use.

El director del SAG estima que debiera estar listo a corto plazo, ya que es prioritario y apoyaría la sanidad animal.

“Por ejemplo, si un caballo tiene fiebre equina, nos permitirá saber que estuvo hace dos meses en el rodeo de Parral y con qué otros animales estuvo, y así nos permitirá tener una detección y un control oportunos de cualquier enfermedad. Es muy ambicioso, pero, a la vez, tiene muchos beneficios”, afirma el director del SAG.

Las críticas apuntan a que el control no es adecuado.

“El problema es que la fiscalización deberían hacerla en los caminos rurales, en los callejones, por donde realmente pasan los cuatreros, no en los caminos tan visibles y a plena luz del día”, plantea Troncoso.

“Y es que salió la ley, pero no sacan nada con hacer esto si no tienen fiscalización. Carabineros se queja de que no tiene personal, pero yo veo cómo pasan los camiones con ganado y nadie los controla, entonces los robos nunca van a cesar. Y al reclamarles, nos dicen que nosotros pongamos un nochero. Pero esto es absurdo porque yo, obviamente, prefiero que me maten a un animal a que me maten a mi nochero”, insiste Luis Ariel Jara.

En Carabineros explican que no pasa por una mayor dotación, sino que por el trabajo conjunto de todas las partes.

“No es cosa de más gente, es de trabajar con un sistema de prevención inteligente, una mayor coordinación y la oportuna entrega de información. Es decir, debe ser un trabajo coordinado entre la Sección de Investigación Policial y los ganaderos. Así pueden atender todas las zonas vulnerables y, gracias a la entrega constante de información oportuna, ir conformando una base de datos para este fin”, explica el mayor Eduardo Inzunza, de la Prefectura Ñuble.

Desde el Minagri aseguran que ley da resultados.

“Podemos asegurar que la fiscalización es mayor, por ser realizada en labores conjuntas del SAG con Carabineros y con un documento más completo. Muestra de ello son las cifras de la Comisión de Abigeato del Maule, según las cuales en 2012 el delito por sustracción de animales tuvo un descenso de 21%”, argumenta el ministro.

Estiman que los resultados son lentos porque la norma está partiendo. “Ya ha producido cambios en los respaldos de propiedad con que se comercializan los animales y esperamos que sus efectos se visualicen a mediano y largo plazo”, dice el ministro Mayol.

Y es que, aunque la nueva ley ayuda a disminuir el traslado de animales robados, no es suficiente.

“Mientras los cuatreros queden impunes con sus delitos, siempre encontrarán una forma de evadir los controles”, explica Claudio Villarroel.