Cuotas para todos, aprietes con nombre y apellido

Aunque apareció por sorpresa, como casi todas las medidas económicas, el régimen de facilidades de pago dispuesto ayer por la AFIP para que algo más de 1.700.000 contribuyentes morosos puedan pagar deudas tributarias contraídas hasta hace menos de un mes en hasta 120 cuotas mensuales (10 años) revela que el gobierno de Cristina Kirchner necesita hacer "caja" en este año electoral porque gasta más de lo que recauda.

Pero la resolución contiene un controvertido aditamento político, que Ricardo Echegaray se encargó de precisar con nombre y apellido: como "exclusión subjetiva" deja fuera de su alcance a ocho cerealeras nacionales y multinacionales, a las que denunció penalmente por antiguas deudas que, en conjunto, estimó ahora en 951 millones de dólares.

Esto marca una diferencia explícita dentro del nuevo régimen general, que sí incluye otras deudas en discusión administrativa o judicial y el archivo de las actuaciones, a cambio de que los imputados desistan de toda acción posterior o reclamo de derechos.

La excepción a las cerealeras se suma a las fuertes presiones de la AFIP para que liquiden divisas y reaviva una disputa judicial que se remonta a 2008, cuando la denominada ley Martínez Raymonda dejó una zona gris sobre el pago retroactivo del aumento de retenciones dispuesto por Néstor Kirchner a fin de 2007.

Contra lo que establecía esa ley, el cálculo de deudas fue realizado por la desaparecida Oncca, a cargo entonces de Echegaray, y cuestionado por las empresas afectadas, que presentaron reclamos administrativos o judiciales en distintas jurisdicciones que aún no fueron resueltos. De ahí que las compañías argumenten que esta nueva medida significa otro apriete y presupone un prejuzgamiento. Incluso, las que intentaron pagar se encontraron con la exigencia de una tasa de interés de 3% mensual.

Al margen de esta disputa (que también se extiende a la interna entre Echegaray y Guillermo Moreno), el nuevo plan general de pagos no constituye una moratoria desde el punto de vista técnico, ya que no reduce el capital adeudado ni condona multas ni intereses punitorios y resarcitorios. Pero en la práctica, al establecer una tasa de 1,35% mensual -inferior a la verdadera inflación-, coloca en desventaja a quienes se ocuparon de mantener sus obligaciones al día, pese a la mayor presión tributaria derivada de la desactualización de bases y escalas de varios impuestos (como Ganancias y Bienes Personales). Incluso, resulta comparativamente más ventajosa que el régimen que acaba de anunciarse para impuestos bonaerenses, que prevé hasta 96 cuotas con un interés de 2% mensual sobre saldos.

El fondo de la olla

Más que nada, apunta a "rascar el fondo de la olla" para subir la recaudación. No es tan amplio como parece, porque establece una docena de exclusiones "objetivas", entre ellas, retenciones y percepciones impositivas y previsionales, cuotas de ART, aportes a obras sociales, etc. Pero tiende a regularizar deudas de monotributistas, autónomos y contribuyentes de Ganancias y Bienes Personales, con financiación a largo plazo.

La resolución 3451 de la AFIP reconoce en sus fundamentos que se trata de una "medida contracíclica", destinada "al desarrollo estructural de las empresas, a la generación de empleo, al mantenimiento de las fuentes de trabajo y al fortalecimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos". Una manera elegante de admitir que el estancamiento de la actividad económica del último año complicó el pago de impuestos y todos aquellos objetivos.

Pero, a diferencia del régimen similar aplicado en 2009 (con menos cuotas e intereses) y que hasta incluyó un blanqueo de capitales (sospechado de tener destinatarios digitados), ya no puede atribuirse a la recesión de la economía mundial: la estanflación de 2012 es producto del giro en la política económica del Gobierno, que, con el cepo cambiario, las trabas a importaciones, el uso de las reservas, el abuso de la "maquinita" del Banco Central para cubrir el déficit fiscal y los permanentes cambios de reglas, provocó un desplome en la inversión y un freno en la creación de empleos privados formales.