martes, 26 de marzo de 2013

El Gobierno analiza usar la ley antiterrorista contra los productores que retengan soja


Es por temor a que no ingresen los dólares esperados. La norma permite interpretar como actos terroristas las "manipulaciones de mercado"
La ley antiterrorista fue votada a fines de 2011 para cumplir con la normativa requerida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el G-20. Hasta el momento, el Ejecutivo la implementó para congelar activos de represores perseguidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Pero el texto de la ley comenzó a circular por la Casa Rosada como alternativa para presionar al ruralismo a vender la soja. Así lo publicó el diario el Cronista.
 
"No vamos a vender soja desde marzo. Que se acumulen 100 barcos en el puerto y vamos a ver cómo le va a la economía", advirtió el presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, a mediados de febrero. Se refería a la campaña actual, que ya empezó a cosecharse y que tendrá su epicentro de ventas entre abril y junio. Según estimaciones del Estudio Bein, la soja debería generar exportaciones por unos u$s 25.600 millones, que a su vez dejarían en el fisco u$s 8.960 en concepto de retenciones. La pelea, claro está, no es por el impuesto, sino por los dólares. De hecho, el Ejecutivo sostiene que existe soja por entre u$s 3.000 millones y u$s 5.000 millones de la campaña pasada en silobolsas, algo que los dirigentes rurales niegan.
 
En este escenario, la ley antiterrorista es una de las alternativas que comenzó a barajar la presidenta Cristina Kirchner para hacerse de los dólares. No es una herramienta del agrado del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, históricamente enfrentado con José Sbattella, el titular de la UIF. Fue Sbattella el que justificó varias veces el potencial uso de la ley antiterrorista contra quienes atenten contra el orden económico. "La ley deja abierto que se graban con la pena que se caracteriza como terrorismo la manipulación de mercado o el ataque a la gobernabilidad", dijo el jefe de la UIF cuando se aprobó la ley. Moreno prefiere llamar a los exportadores para que presionen a productores.
 
El Ejecutivo esperará hasta abril para ver con qué ritmo arranca la liquidación. La preocupación por los sojadólares fue uno de los temas que trató el equipo económico el miércoles pasado, en la reunión que mantuvieron con la Presidenta en Olivos. El dólar para el productor de soja (deducidas retenciones) cotiza a $ 3,32, lejos de los casi $ 8,50 del blue. El Gobierno entiende que los productores retienen mercadería y ya comenzó a presionar. Hace un mes, inspectores de la AFIP recorrieron campos. Desde la campaña pasada obligan a los chacareros a informar 48 horas antes de cada cosecha para que un inspector pueda caer de sorpresa a constatar el rinde.

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