miércoles, 27 de marzo de 2013


El productor, cada vez más relegado en el reparto de la renta del agro

Dirigentes, empresarios y economistas advirtieron que no hay margen para sostener las inversiones.
Río Cuarto. Productores y dirigentes rurales tienen el diagnóstico claro. El agro no tiene más capacidad para contribuir en impuestos y hay muchas actividades que hoy están al borde del quebranto. 
Esa es la conclusión que la Mesa de Enlace nacional viene confirmando en las asambleas de productores que ya se realizaron en Pehuajó (Buenos Aires), Villaguay (Entre Ríos) y esta semana en Río Cuarto. El miércoles, la sede de la Sociedad Rural riocuartense fue el ámbito donde más de 600 productores de Córdoba, La Pampa, Santa Fe, San Luis, Catamarca y La Rioja, reiteraron sus críticas a la política del Gobierno nacional. Su moción fue proponer un cese de compras por 90 días, en reclamo a la falta de respuestas a los pedidos del sector.
A diferencias de otras proposiciones de medidas de fuerza, que incluían el cese de comercialización, la postura de Río Cuarto es dar libertad al productor de comercializar su cosecha, pero no realizar nuevas inversiones. “En lugares como Río Cuarto, el agro representa el motor de toda la economía. Venimos de años climáticos complicados, a lo que se suma la falta de competitividad, provocada por el cepo cambiario y el impuesto inflacionario, que también complica de manera significativa a la producción. Esta conjunción está resintiendo al resto de la economía. Con los números que maneja el productor ya no hay más margen para invertir”, admitió Eduardo Bagnis, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto.

Diagnóstico en números. 
La mutación que ha mostrado la matriz productiva en el departamento Río Cuarto, primero con el avance de la agricultura sobre los planteos ganaderos y luego con la irrupción de inversiones avícolas y para la generación de biocombustibles, no la ha dejado indemne de las complicaciones que atraviesa el sector.
 
“Con las medidas vigentes, no creo que haya producción que no se vea resentida. Venimos con cuatro años de inflación al 25 por ciento anual que genera cambios en los precios relativos y quita competitividad. No hay empresa que pueda trasladar a sus precios esa suba de costos”, observó Bagnis.
David Miazzo, analista económico de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (Fada) confirmó con números en la asamblea los dichos de los dirigentes. La incidencia de los costos, potenciada por la inflación, más la presión que generan los impuestos nacionales y provinciales, han puesto al productor en el último lugar de la fila al momento de la distribución de la renta agropecuaria.
Según el estudio presentado por Miazzo, la mayor proporción de la renta generada por una hectárea de maíz, soja y trigo se la llevan los impuestos. “Los tributos nacionales y provinciales se quedan con 79 por ciento de la renta; a eso hay que sumarle casi 21 por ciento se apropia el dueño de la tierra; en definitiva, al productor sólo le queda 0,2 por ciento”, ilustró el economista, quien aseguró, a modo de conclusión: “La renta se acaba, ya no hay más que sacarle al productor”, indicó.

Cómo se llega. 
A cinco años de la intención del Gobierno de poner en marcha un esquema de retenciones móviles a los granos (a través de la resolución 125), los problemas del sector se han acentuado. Aunque los dirigentes aseguran que de no haber ganado el agro la pulseada contra el Gobierno, y que dejó sin efecto a la polémica resolución, hoy las retenciones oscilarían entre el 45 y el 50 por ciento del total de lo producido, con lo cual se hubiera acelerado la desaparición de productores.
La falta de competitividad provocada por la inflación y la combinación de un tipo de cambio oficial retraído, que pierde terreno frente al dólar paralelo, hacen que el valor de la producción se deprecie.
“Cuando vendemos la soja, nos pagan con un dólar oficial, pero cuando queremos invertir con ese dinero nos encontramos que el dólar tiene un valor superior a los ocho pesos”, aseguró Ricardo Osella, productor agropecuario de la zona de Río Cuarto. No obstante, el expresidente de Cartez sigue confiando en la reserva de valor que son los granos, en especial la soja, ante cualquier movimiento cambiario que decida el Gobierno.
A la coyuntura generada por el tipo de cambio, el productor ganadero Gervasio Zuza la comparó con la existente en Venezuela, desde hace ya varios años. “En aquel país hay un dólar oficial que cotiza a seis bolívares, pero en el mercado paralelo tiene un valor de 24 bolívares. Esperemos que aquí no lleguemos a ese extremo en el que el dólar marginal cotiza cuatro veces más”, indicó.
Más allá de la situación del tipo de cambio, la intervención oficial sobre la comercialización de algunos productos también impide que la renta se aproxime a lo que reflejan los precios internacionales. “Las retenciones, las restricciones comerciales y la regulación de precios, junto con la fuerte presión impositiva, provocan desincentivo en la producción y la inversión”, aseguró Rubén Ferrero, titular de CRA.
Desde que se reinstaló en 2002 el esquema de retenciones a las exportaciones agropecuarias, el sector ha invertido más de 60 mil millones de dólares y es muy poco lo que el interior ha recibido como contraprestación por esa contribución.
“No podemos cargar sobre las espaldas del campo todo el peso de la recaudación impositiva, ni mucho menos el peso del descontrolado gasto público ni el de las desacertadas políticas macroeconómicas. El campo no tiene más capacidad contributiva”, sostuvo Luis Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina, durante su intervención ante la asamblea en Río Cuarto.
Cepo comercial. Los cupos de exportación sobre el trigo y el maíz siguen desalentando la producción de ambos cereales, en momentos en que la demanda internacional está firme sobre ambos granos.
“Si no hay medidas de aliento para ambos cultivos, la producción seguirá cayendo y el productor seguirá inclinándose por la soja”, aseguró Carlos Garetto, titular de Coninagro. Los productores aseguran que el Gobierno sigue beneficiando al consumo interno (producción de pollo y cerdos) con precios intervenidos, en vez de permitir que la exportación y la demanda doméstica compitan entre sí.
La producción de leche es otra economía regional que está afectada por una crisis de rentabilidad.
Según lo que manifiestan desde CRA, no hay razón para que los productores cobren menos de 2,1 pesos por cada litro de leche que entregan a la fábrica. Hoy ese valor, en el mejor de los casos, llega a 1,80 peso.
“Con los valores actuales de mercado interno y externo, quienes hacen el mayor aporte de capital y riesgo en la cadena láctea no tienen por qué estar cobrando un valor por debajo de su costo de producción. Los productores de leche estamos dispuestos al esfuerzo del crecimiento, pero para ello la renta de la cadena láctea debe ser equitativa”, expresan los productores lecheros nucleados en CRA.
En agosto del año pasado, el Gobierno nacional se comprometió a presentar un trabajo de competitividad de cada eslabón de la cadena láctea. Según los funcionarios, el análisis iba a estar listo en octubre. Ya la mora lleva cinco meses. “La política lechera brilla por su ausencia y quienes tienen más lobby dentro de la lechería toman renta a costa del sector productivo, que no lo tiene”, se quejan los productores.
La ganadería también padece las consecuencias de la intervención oficial.
Con las exportaciones en sus niveles más bajos de los últimos 20 años, el proceso de recomposición que había mostrado el stock ganadero en los últimos dos años comenzó a frenarse.
Luego de haber perdido 10 millones de cabezas en la primera década del siglo 21, entre 2011 y 2012 la producción ganadera mostró un incipiente proceso de retención de madres que provocó una recuperación del rodeo. Sin embargo, la pérdida de rentabilidad generada por la suba de costos ha dado paso en los últimos meses al inicio de un nuevo proceso de liquidación de vientres.
Puntos de vista. Eduardo Bagnis (Sociedad Rural Río Cuarto). “Venimos con cuatro años de inflación al 25 por ciento anual que genera cambios en los precios relativos y quita competitividad. No hay empresa que pueda trasladar esos costos”.
Ricardo Osella (productor agrícola). “Cuando vendemos la soja, nos pagan con un dólar oficial, pero cuando queremos invertirlo, nos encontramos con que el dólar tiene un valor superior a los ocho pesos”.
Gervasio Zuza (productor ganadero). En los años ´60, en el departamento Río Cuarto había alrededor de 400 mil cabezas, hoy quedan 100 mil. La fuerte liquidación fue en los últimos años, debido a la falta de incentivos”.
La ganadería afloja su recuperación
Liquidación. La caída en la rentabilidad ganadera ha vuelto a frenar el proceso de retención de vientres iniciado hace dos años. En los últimos dos meses ha vuelto a crecer la faena de hembras, un indicador que marca una ruptura en la tendencia del ganadero a conservar los vientres en su rodeo para producir más terneros.
Leche: con precios debajo de los costos
2,10 pesos. Según los productores, no hay razón para que cobren menos de 2,1 pesos por cada litro de leche que entregan a la fábrica. Hoy, en el mejor de los casos, llega a 1,80 peso. El Gobierno se comprometió a realizar en octubre pasado un estudio sobre la competitividad de la cadena láctea y aún no lo presentó.
Intervención en el mercado de cereales
Trigo y maíz. La fijación de cupos para la exportación de trigo y de maíz generó en los últimos cinco años una falta de incentivo a producir cereales. A tal punto, que ambos se encuentran en el presente con la menor superficie histórica. Los productores reclaman la liberación del comercio y la competencia entre exportadores y el consumo interno.
El cepo cambiario reduce los márgenes
Brecha. El diferencial de precios entre el dólar oficial, el que los productores perciben por la venta de sus granos, y el paralelo, al que se pactan algunas inversiones y operaciones en el país, reduce el poder de compra de la producción agrícola. A esto se le suma los efectos generados por la inflación en dólares, que encarece los insumos.
Presión impositiva recorta la renta
Agricultura. Según la Fundación Fada, el 79 por ciento de la renta que genera una hectárea promedio de soja, maíz y trigo se lo llevan los impuestos nacionales y provinciales. Para la fundación con sede en Río Cuarto, ya no hay más margen para que el productor agrícola siga contribuyendo con más impuestos por su actividad.

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