Falta de mérito a sojeros acusados de evasión por la Afip

Villa María. El Juzgado Federal de Villa María a cargo de Roque Ramón Rébak dictó la falta de mérito para 22 de los imputados en la causa que investiga supuesta comercialización irregular de granos en la zona de Río Tercero, y que involucra, entre otros, al exministro de Agricultura de la Provincia de Córdoba, Luis Fernando Farías.

La medida fue dada a conocer a las partes en la tarde de ayer y fue bien recibida por abogados defensores de algunos de los involucrados. La falta de mérito es un estado intermedio entre el auto de procesamiento y la absolución. “En el 99 por ciento de los casos, conduce a la absolución”, comentó Lisandro Caronni, defensor de Farías y tres imputados más en esta causa.

La falta de mérito alcanza a los 22 imputados que se presentaron oportunamente ante el Juzgado, algunos de los cuales habían quedado detenidos temporariamente y otros con prisión domiciliaria. Al dictarse esta resolución, ya no había detenidos en la causa. La medida del juez Rébak no alcanza a tres personas que no se presentaron nunca y permanecen en calidad de prófugos. La investigación sigue adelante.

Esta causa tomó relevancia pública en septiembre de 2012, en el marco de una investigación iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) por supuestas infracciones a la Ley Penal Tributaria en la figura de “asociación ilícita fiscal” y del Código Penal por presunto “lavado de activos de origen delictivo”. Según las investigaciones preliminares, se “blanqueaba” dinero proveniente de la comercialización de cereales en negro a través de la compra de inmuebles.

Además de Farías, fueron involucrados otros empresarios y profesionales que se desempeñan en cerealeras y en estudios de Río Tercero, Despeñaderos y San Agustín. También fueron imputados oportunamente el empresario Fernando Cuello, su pareja Natalia Paulus, el contador Rubén Ceva, y los empresarios cerealeros Sergio Guevara y Jorge Ferrer, entre otros.

Las actuaciones fueron conducidas por el juez federal de Villa María, Roque Rébak, quien estimó que las operaciones detectadas pueden llegar a involucrar alrededor de 1.700 millones de pesos, con operaciones marginales que arrojarían una evasión impositiva de 170 millones de pesos.