Marchamos contra la criminalización de dirigentes sociales y contra la impunidad de la empresa Ledesma

Información enviada por: ATE - Jujuy

Junto al pedido de justicia por los 4 asesinatos de Libertador Gral. San Martín (ocurridos en julio de 2011), también se reivindicó la lucha por las tierras y por condiciones de vida dignas, a la vez que hubo un contundente repudio a la criminalización de la protesta y de dirigentes sociales en el marco de una masiva movilización y acto realizado en San Pedro, con la participación de distintas organizaciones populares. Desde antes de hs.10.00 de este jueves 28 la movilización comenzó a dirigirse al juzgado de San Pedro para acompañar y solidarse con militantes y dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa de Libertador Gral. San Martín que estaban citados a declarar. La multitudinaria presencia de los integrantes de la CCC, CTA, Asociación Jujeña de ex presos políticos de San Pedro, organizaciones de Derechos Humanos, Pueblos Originarios, organizaciones políticas, ATE, entre otros, expresaron su solidaridad y se comprometieron a seguir la lucha por las reivindicaciones sociales. El Secretario General de CTA Jujuy, José del Frari, el Adjunto, Fredy Berdeja, el Secretario de Interior de CTA Nacional y dirigente de ATE Jujuy, Fernando Acosta, estuvieron presentes en San Pedro llevando la solidaridad del compañero Pablo Micheli, Secretario General de CTA Nacional. "Estamos orgullosos de luchar por las tierras para vivir y que miles de familias puedan empezar a tener un techo para sus hijos, vamos a continuar luchando por condiciones de vida digna", sostuvo el dirigente Enrique Mosquera de la CCC, uno de los acusados injustamente por los hechos que dejaron como saldo 4 muertos en la represión y desalojo que ejecutó la policía. Los representantes de las organizaciones presentes repudiaron la criminalización de los dirigentes sociales y afirmaron que "vamos a estar unidos y en la calle reclamando que se investigue y no haya impunidad para meter preso a los verdaderos culpables que son el dueño de la empresa Ledesma, Carlos Blaquier, el ex Ministro Pablo La Villa, los funcionarios policiales que intervinieron en el operativo de desalojo y los policías que fueron los únicos que portaban armas de fuego que produjeron la muertes mencionadas. También hubo repudio y manifestación de bronca contra el Juez Samman, quien dio la orden de desalojo, y contra la jueza Carolina Perez Rojas por ser quien ejecutó esa orden. Luego de la ocupación pacífica de tierras en Libertador, se expropiaron las mismas y se destinaron a las familias que lucharon por ella, lográndose una conquista social contra la empresa Ledesma que desde años se beneficia de la concentración de miles de hectáreas como consecuencia de haber despojado de esas tierras a los pueblos originarios.