Rechazan los ruralistas la posible aplicación de la ley antiterrorista

Los dirigentes de la Mesa de Enlace, que organizaron ayer una asamblea de productores en Tucumán, rechazaron la posible utilización de la ley antiterrorista por parte del Gobierno para obligar a los productores agropecuarios a vender soja y enfrentar así la crisis cambiaria. "Es una práctica fascista", denunció el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere. Para el dirigente, el Gobierno "quiere controlar todo lo que sea industria, comercio y producción". Según informó el diario El Cronista Comercial ayer, al citar fuentes no consignadas pero con acceso a despachos oficiales, el texto de la ley comenzó a ser analizado por el Gobierno con el propósito de presionar a exportadores y productores a vender soja ante la escasez de divisas. La norma, votada en 2011, había sido aprobada para cumplir con los pedidos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental del mundo para la prevención y lucha contra el lavado de dinero, y el G-20. Hasta el momento fue utilizada para congelar activos de 40 represores de la última dictadura militar que actuaron en la ESMA. Para el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Rubén Ferrero, la posible aplicación de esa norma contra productores es "un apriete más del Gobierno", en referencia a inspecciones que realizó la AFIP en campos y acopios durante enero y febrero pasados. El dirigente dijo que la soja de la campaña pasada ya fue vendida y que de la actual recién comienza a ser cosechada. "Es inaplicable esa ley" para la producción, expresó. Por su parte, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, le pidió al gobierno nacional que "tome el ejemplo del papa Francisco y revea la actitud de revanchismo hacia el sector agropecuario, al que el oficialismo ha tomado como enemigo desde la derrota que tuvo en 2008, con el conflicto por la 125". En tanto, el presidente de Coninagro, Carlos Garetto, consideró que "el Estado tiene que entender que los dólares no están porque no hubo cosecha", y que "el productor tiene como moneda de cambio la soja, y la vende cuando debe hacer frente a los compromisos". Además, opinó que "no hay demanda para embarcar toda la soja" disponible. La posibilidad de que los productores no vendan mercadería como forma de protesta comenzó a discutirse hace poco más de un mes, antes de la primera asamblea convocada por la Mesa de Enlace en Pehuajó. Varios dirigentes mencionaron que esa medida estaba en estudio, pero luego la descartaron porque significaba coordinar una decisión comercial de miles de productores. Pintadas en Tucumán En la asamblea realizada en Tucumán, los ruralistas expusieron la crítica situación que atraviesan las economías regionales. "A los productores de azúcar de Tucumán les bajaron el precio que les pagaban en la cosecha el año pasado, mientras que en la góndola del supermercado el producto pasó de 6,50 a 7,60 el kilo desde fin de 2012 hasta ahora", dijo Ferrero. Por su parte, el diputado nacional y productor Juan Casañas (UCR-Tucumán) dijo que los productores del NOA "corren con desventaja". El legislador expresó: "Las retenciones, las distorsiones y el valor de los fletes nos duelen mucho más a los productores de aquí que a los de la pampa húmeda. Por eso necesitamos políticas especiales, como la compensación del flete". Frente a la Sociedad Rural de Tucumán, además, hubo pintadas de La Cámpora con la leyenda "democracia o corporación". LA AFIP, CONTRA LAS CEREALERAS El jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo respecto del posible uso de la ley antiterrorista que "las versiones corren por cuenta del diario que las publicó" y que el organismo a su cargo "sólo aplica la ley penal tributaria". El funcionario, además, criticó a las cerealeras y dijo que mantienen una deuda con el fisco. "Cargill debe 228 millones de dólares; Bunge, 126 millones; LDC, 141 millones; Aceitera General Deheza, 48 millones; Molinos, 197 millones; Nidera, 132 millones; Vicentín, 62 millones, y Oleaginosa Moreno, 17 millones de dólares", dijo el funcionario. Los exportadores rechazan esa acusación.