Datos sobre la participación del Estado en la distribución de la renta agrícola
Un informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) presenta resultados de un análisis sobre la participación del Estado en el sector agrícola argentino.

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	En general, los Estados obtienen la mayor parte de sus recursos mediante la aplicación de tributos, desde sus diferentes niveles de gobierno, a las personas, las empresas, los bienes, los servicios y las transacciones. Los diferentes tributos, con sus tasas y modos de imposición, conforman el sistema tributario. Este sistema afecta a cada uno de los sectores económicos del país de manera diferenciada, con impuestos, tasas y presiones tributarias distintas como consecuencia de las particularidades productivas, económicas y financieras de cada uno. En este informe se presentan los resultados de un análisis sobre la participación del Estado en el sector agrícola argentino, lo cual se analiza estimando las proporciones de la producción y la renta agrícola que el Estado percibe de la producción de una hectárea promedio de uso agrícola. Así, la participación del Estado en la renta agrícola se representa a través de un índice cuya primera medición se presenta en este informe. A los fines de analizar la evolución y las tendencias de la situación económica de este sector productivo, trimestralmente se publicarán actualizaciones de este índice. En el estudio se consideran los cuatro principales cultivos de Argentina: soja, trigo, maíz y girasol. Para cada uno de ellos, se analiza la estructura de ingresos, costos e impositiva para una hectárea de uso propio con costos de fletes promedio a nivel nacional. Se utilizan los rendimientos nacionales promedio de las últimas cinco campañas y los precios de marzo de 2013. Estos datos se ponderan con las participaciones de los cultivos en la superficie implantada y, de esta manera, se obtiene la distribución del valor bruto de producción agrícola para una hectárea representativa promedio a nivel nacional. Luego, a partir de ésta, se calcula la distribución de la renta agrícola generada por dicha hectárea. Siguiendo esta metodología, los resultados obtenidos son que los costos y gastos representan 41,2% del valor bruto de producción agrícola; los costos de intervención 3,6%, que actúan como un impuesto de facto que subsidia a otras actividades y disminuye el precio percibido por el productor; los impuestos provinciales 1,2%; los impuestos nacionales 40,1%; la renta de la tierra después de impuestos 11,4%; y el resultado después de impuestos de la explotación agrícola 2,6%, tal como se puede observar en la Figura Nº 1. Así, si se suman costos de intervención, impuestos provinciales e impuestos nacionales, el Estado en forma directa o en forma de subsidio a otras actividades, participa en el 46% del producto de una hectárea agrícola en Argentina; mientras que el sector agrícola que es quien asume el riesgo y destina para la producción la tierra, el trabajo y el capital, se apropia de un 14% del valor de la producción. Adicionalmente, si al valor bruto de la producción agrícola se le sustrae el componente de costos y gastos, se obtiene lo que en este trabajo se denomina “renta agrícola”. Esta renta agrícola representa el 59% del valor de la producción y se reparte entre el Estado, el resultado de la explotación y la renta de la tierra. La participación del Estado en la renta agrícola es del 76,3% (2% impuestos provinciales, 6,1% costos de intervención y 68,2% impuestos nacionales), mientras que la renta de la explotación, es decir, del capital invertido, es del 4,3%, al tiempo que la renta de la tierra es del 19,4% (Ver Figura Nº 2). A partir de esta distribución, se formuló el Índice FADA de participación del Estado en la renta agrícola que refleja la suma de impuestos provinciales, impuestos nacionales y costo de intervención sobre la renta agrícola. Para el mes de marzo de 2013 (primera medición), dicho índice es 76,3, lo que significa que cada $100 de renta que produce una hectárea promedio representativa de uso agrícola a nivel nacional, el Estado recibe -en forma directa o indirecta a través de subsidios a otras actividades de la cadena- $76,30. Resumen metodológico Se obtienen los precios FOB por tonelada de los cultivos y se calculan los gastos de fobbing y los derechos de exportación. Éstos se aplican sobre los valores FOB, así se llega al precio FAS. En el caso del maíz también se obtiene el precio del disponible, que debido a la intervención de este mercado suele ser menor al precio FAS. Esta diferencia es captada por el ítem denominado “costos de intervención”. Se obtienen los rendimientos promedio a nivel nacional de las últimas cinco campañas para cada uno de los cultivos a partir de fuentes oficiales. Se supone un valor de fletes promedio a nivel nacional con una distancia al puerto promedio de acuerdo al cultivo y las principales localizaciones de producción. Se resta del ingreso neto - rendimiento promedio por hectárea valorado a precios FAS (o disponible en el caso del maíz)- los gastos de comercialización, entre los que se incluyen comisión, paritarias, secado y flete. Se calculan y restan los costos de producción (labores e insumos). Se imputa un cargo por contratación de seguros y otro por gastos de administración. De esta forma, se llega al margen bruto por hectárea. Del margen bruto, se restan los impuestos: Impuesto al valor agregado (10,5% o 21% de cada una de las operaciones según corresponda), Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios (1,2% del ingreso de los créditos, ya que en algún momento se generarán débitos a partir de éstos), Impuesto a las ganancias (35% del margen bruto, menos el 34% del 0.6% de Impuesto a los créditos bancarios que se utiliza como pago a cuenta de Ganancias), e Impuesto inmobiliario rural provincial. Así se obtiene el resultado de la explotación de una hectárea propia. Por otro lado, se calcula la renta de la tierra como un arrendamiento promedio libre de impuestos, es decir, descontando lo que el dueño de la tierra debería pagar por ganancias, inmobiliario y sellos. Realizados estos cálculos, se analiza la distribución del Valor Bruto de Producción (VBP) por hectárea para cada cultivo, obtenido mediante la valoración del rendimiento a precios FOB. El VBP se distribuye entre costos y gastos, impuestos (impuestos nacionales y provinciales, derechos de exportación y costos de intervención), renta de la tierra y resultado después de impuestos de la explotación. Por último, se extrae la porción de costos por lo que queda la renta de la hectárea promedio, que se distribuye entre los mismos conceptos que la producción -a excepción de los costos-. Una vez obtenidas estas distribuciones, se realiza una ponderación de cada cultivo por su participación, suponiendo que los 4 cultivos considerados representan el total nacional. De esta forma, se obtiene la distribución de la renta agrícola de una hectárea representativa promedio a nivel nacional. Para más información: Anexo metodológico, http://www.fundacionfada.org/publicaciones/