jueves, 9 de mayo de 2013


Uruguay : El sector inmobiliario es más vulnerable al lavado de dinero por los precios de la tierra

El 30% de los casos de ese delito en la región se vinculan con la compraventa de campos.
Los expertos anti lavado y los organismos internacionales que trabajan en el tema están convencidos que el sector inmobiliario es “de los más susceptibles” de ser utilizados por bandas criminales para ocultar el origen ilícito de sus fondos. Eso ocurre en el mundo y Uruguay no escapa a esa realidad donde, además, el precio de la tierra es un factor funcional a las organizaciones criminales. De acuerdo a una investigación de dos universidades de Italia sobre el blanqueo de activos en el Mercosur, la mitad de los casos enviados a la justicia involucró transacciones de inmuebles.
El informe realizado por las Universidades Luiss Guido Carli de Roma y Degli Studi de Salerno, mediante el análisis de campo sobre el universo de lavado de activos instruidos por la Justicia o el Ministerio Público en el Mercosur, determinó que el 30% de los casos están relacionados con la inversión inmobiliaria en zonas rurales. Además, según el documento al que accedió El Observador, el 20% de los casos que le siguen están vinculados con inversión inmobiliaria urbana.
Ricardo Sabella, coordinador del curso de certificación en prevención de lavado de dinero de la Universidad Católica, advirtió que inmobiliarias y escribanos involucrados en esos negocios pueden por descuido o complicidad ser parte de maniobras. También pidió poner atención en las “donaciones” de inmuebles, que “son un problema importante en la identificación del lavado”. (ver infografía).
Sabella señaló a El Observadorque “los patrones históricos de los valores cada vez mayores hacen que los bienes raíces sean una inversión atractiva para los criminales”. Por su parte, el tributarista Leonardo Costa entiende que los controles están “más rezagados” en el sector no financiero, como el inmobiliario.
La falta de controles financieros estrictos en la transacción, junto al pago de sobreprecios, lo que permite a los compradores blanquear dinero sucio, hacen de los negocios inmobiliarios un campo fértil para el lavado. A mayor precio de la tierra, hay más posibilidades de lavar fortunas.

El comienzo
La investigación periodística de Jorge Lanata sobre lavado de dinero en Argentina involucró a sociedades en Uruguay como parte de la operación que también trianguló con Panamá, Belice y Suiza.
A partir de una cámara oculta al empresario Leonardo Fariña, quedó claro que parte de la maniobra es comprar campos en Uruguay y específicamente mencionó a uno de Maldonado en una operación inmobiliaria por US$ 14 millone,s según un tramo del video de Lanata al que accedió el canal VTV.
Fariña volvió a ser mencionado la semana pasada por Clarín por haber comprado “a nombre de un tercero” un campo en Mendoza por
US$ 5 millones que pagó al contado. El caso fue investigado por el diario Los Andes, que comprobó que el negocio para adquirir 3.400 hectáreas en Tunuyán lo cerró Fariña.
En Uruguay, el campo “El Entrevero” que quedó bajo sospecha de haber sido adquirido con dinero K, fue escriturado a nombre de Alejandro Maximiliano Acosta, un amigo de Fariña. Incluso Acosta fue quien presentó a Fariña con quien hoy es su esposa, la modelo Karina Jelinek. Según la publicación argentina Página Judicial, Acosta es un empresario que aparece inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como trabajador autónomo. Su “actividad principal” es realizar “operaciones financieras con recursos monetarios fuera del sistema bancario”.
Juan Bistiancic, presidente de la Cámara de Inmobiliarias de Maldonado, comentó a El Observador que ese negocio se hizo “con una letra de cambio”, por lo que no hubo alertas de lavado que debieran ser informadas al Banco Central.

Obligados a reportar
Sabella comentó que “los casos reportados por organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las políticas de varios países, muestran que algunos agentes inmobiliarios, escribanos y otros profesionales vinculados al mercado de bienes raíces están colaborando con los delincuentes en sus prácticas de lavado, en forma intencional, por descuido o desinformación acerca de los recaudos mínimos a adoptar y no reportando a las autoridades operaciones inusuales”.
Las autoridades gubernamentales antilavado están disconformes con el número de reportes que reciben desde fuera del sistema financiero. En 2012, el Banco Central tuvo 237 reportes, de los cuales cinco fueron presentados por escribanos, tres por casinos y ninguno llegó desde las inmobiliarias.
Sabella opinó que en muchos países, como en Uruguay, el registro inmobiliario estatal es un excelente colaborador en reportar casos sospechosos, pero no son sujetos obligados a informar al Banco Central.
Dijo que tanto el registrador al igual que los obligados a informar, deben ser “entrenados sobre las tendencias de lavado de dinero y las tipologías de los lavadores a través del negocio inmobiliario”, opinó el experto de la Universidad Católica.

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