El Gobierno, estatista con el trigo y liberal con el petróleo

La Casa Rosada bendijo la propuesta de Guillermo Moreno de fortalecer y acentuar la intervención en el mercado de cereales. Impaciente por la colección de fracasos que acumula su gestión, el secretario de Comercio tomó una decisión de fuerte impacto en el mercado de granos. Así la anunció: “A partir de ahora, el mercado del trigo lo voy a manejar yo.” Moreno quiere reflotar la idea de crear una Junta Argentina del Trigo, con la participación de asociaciones del campo afines y la complicidad de las multinacionales de cereales aglutinadas en CIARA. Esta reacción obedece a los pésimos resultados que la estrategia de la Casa Rosada tuvo sobre la producción trigo: la cosecha fue la más baja de los últimos cien años y el precio del pan se múltiplicó por diez.

También el encarecimiento de la harina, sus derivados y el pan recalentaron los precios de la canasta familiar en pleno congelamiento oficial. En julio, la inflación real superará el 3 por ciento.

Axel Kicillof acompaña la iniciativa, pero pretende darle una estructura legal y evitar que todo quede en las manos de Moreno. Por eso ordenó preparar un proyecto más global y recrear la Junta Nacional de Granos.

La iniciativa reflotó viejos planes del 2008, que Néstor Kirchner no avaló, y se maneja en estricto secreto.

Cristina pidió el mayor hermetismo hasta octubre para no espantar el voto del campo, porque todo se aplicaría después de las cruciales elecciones donde se juega la re-reelección.

Pero la medida refleja una fuerte carencia de imaginación de los funcionarios: quieren aplicar un mayor control para corregir las distorsiones que la intervención de Moreno provocó en el propio mercado del trigo.

La situación política del secretario de Comercio es curiosa. Su gestión acumula fuertes traspiés, pero cada vez tiene mayor influencia sobre la Presidenta, que adhiere a las teorías conspirativas elucubradas por Moreno.

El pobre inicio del blanqueo de capitales descontroló a Moreno, quien decidió llamar hasta a dirigentes de cámaras empresarias medianas para pedir que traigan dinero.

Piden de 20 a 30.000 dólares.

Estuvieron con él Juan Lascurain y José Luis Basso. Moreno volvió a reclamarles a los grandes grupos petroleros. Asegura que Carlos Bulgheroni le prometió fondos por 500 millones de dólares. En la empresa sólo responden con silencio.

Las petroleras abrieron un diálogo con el Gobierno, porque quieren aprovechar la liberalización de la política petrolera que implica el acuerdo con Chevron.

Clarín confirmó que Shell, Exxon, Bulgheroni, Eduardo Eurnekián y Total quieren suscribir acuerdos similares al que logró Chevron. Los líderes petroleros jamás pensaron que Cristina Kirchner iba a hacer un giro tan liberal y que iba a otorgar tantos beneficios a las compañías petroleras.

Ellos pretenden obtener idénticas prebendas que Chevron y utilizar un beneficio que esconde el convenio: un artículo permite extender los beneficios del contrato a todas las áreas petroleras que tenga Chevron en Argentina y no sólo las de Vaca Muerta. Es el artículo 15.

La liberación de la política petrolera obligó a innumerables consultas de gobernadores de provincias energéticas. Habrían encargado a un especialista petrolero del peronismo –no a los ex secretarios de Energía– un proyecto de ley que acote en el futuro los beneficios que por decreto otorgó la Presidenta. El acuerdo con Chevron dejó al desnudo el fracaso del plan inicial de Miguel Galuccio para YPF. También quedó al descubierto el relato de Kicillof sobre la política nacional y popular que se iba a desarrollar en materia de petróleo.

Cecilia Nahón también tuvo un duro traspié en Washington, después de que el Tesoro de EE.UU. y el FMI dieran marcha atrás y desacreditaran la información que transmitió a Buenos Aires. La disparidad entre la realidad y las comunicaciones de la embajadora obedecen a que la Casa Blanca no considera a Nahón como interlocutora válida; tampoco a Lorenzino y Kicillof.

El Tesoro de EE.UU. nunca evaluó apoyar la posición Argentina contra los fondos buitres. La embajadora –que responde a Kicillof– había comunicado lo contrario al Palacio de Hacienda.

En el Fondo Monetario ocurrió otro tanto, pero con una salvedad. Fue Christine Lagarde quien entusiasmó a la Argentina, con promesas que nunca tuvieron el aval del directorio del FMI.

Meg Lundsager, directora por Estados Unidos, fue la encargada de trasmitir el voto de censura a Lagarde.

Pero la falta de consenso que tuvo la iniciativa de Lagarde se reflejó en otra cuestión: hubo un fuerte cuestionamiento a la Argentina por parte de los directores de Japón, Daikichi Momma y de Alemania, Hubert Temmeyer. También tuvieron posiciones duras los directores de Holanda, España y Países Bajos.

La actitud dura contra la Argentina obligó a Lagarde a hacer un papelón y desdecirse públicamente del apoyo prometido.

Pero el episodio refleja una cuestión de fondo: expuso el aislamiento internacional que tiene el gobierno de Cristina Kirchner.

Aún se desconoce la fecha exacta, pero en el Ministerio de Economía admiten que el fallo por los fondos buitre es inminente. El tope máximo podría ser el viernes de la semana próxima.

Las cartas están jugadas y existe una creencia general: que el veredicto será contra la Argentina y que va a incluir al agente financiero de Manhattan.

Un memo de Cleary Gottlieb, el estudio de abogados en EE.UU., advierte que el Tribunal podría involucrar al Banco de New York para garantizar la instrumentación del fallo favorable a los fondos buitre.