El precio del trigo uruguayo jaquea al granero del mundo

En Argentina a nadie le llamó la atención la terminante negativa de Guillermo Moreno a autorizar una eventual importación de trigo desde Uruguay. Y la falta de sorpresa no refiere solo al tono y a la expresiva frase que utilizó para desanimar a un empresario que quería hacer ese negocio. Sobre todo, lo que se daba por sentado era la motivación de fondo del polémico secretario de Comercio Interior para desautorizar la operación comercial. Es que para un país que históricamente se ha enorgullecido de ser “el granero del mundo” (y que se jacta de tener una capacidad productiva lo suficientemente grande como para poder alimentar a una población 10 veces mayor a la de sus 40 millones de habitantes), la mera idea de importar trigo es sencillamente vergonzosa.Para la castigada autoestima nacional, sería un duro golpe. Algo así como que Arabia Saudita tuviese que importar petróleo. Y concretamente para el gobierno de Cristina Fernández, implicaría una pésima publicidad justo en plena campaña electoral. Supondría darle pie a los opositores para que la acusaran de una gestión tan mala en el plano agropecuario que debe comprar lo que supuestamente al país debería sobrarle. Por eso, cuando se supo que había una disparada con el precio del pan y que los productores la atribuían a la brusca disminución en la cosecha de trigo, comenzaron a correr todo tipo de versiones respecto de cómo el gobierno solucionaría la situación. Y ninguna de ellas incluía la importación. O, al menos, no una importación reconocida como tal. Llegó a especularse en el ámbito agrícola hasta de la posibilidad de que las autoridades hicieran la “vista gorda” ante la entrada no registrada de trigo al país. Es decir, técnicamente, un contrabando. Es que si algo no falta es el incentivo económico para esa operación comercial. “Hoy en Argentina el trigo vale cerca de US$ 500 la tonelada, el doble que en Uruguay. Ya se habla de que hay gente que va a comprar allí para venderlo acá”, advirtió el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere. Mientras tanto, en el plano oficial, el gobierno se apresuró a firmar un acuerdo de precio para garantizar el suministro de algunas variedades de pan a precios populares, algo que inmediatamente fue puesto en duda por el mercado, dados los antecedentes históricos de desabastecimiento que siempre han seguido a estos acuerdos. Y Moreno calificó la crisis como una creación mediática destinada a perjudicar la imagen del gobierno. “Esto es una manija de Héctor Magnetto para hacer quilombo”, afirmó el funcionario, aludiendo al CEO del multimedios Clarín. Al mismo tiempo, destacó la actitud de los exportadores, quienes ante la “invitación” del gobierno, aceptaron suspender partidas de exportación ya comprometidas, de manera de engrosar la oferta del mercado interno en unas 370.000 toneladas. Claro que, finalmente, la realidad se terminó imponiendo. Y fue allí cuando abandonó los buenos modales y aplicó la ley de desabastecimiento, que habilita al gobierno a intervenir una industria y aplicar duras sanciones cuando los empresarios son sospechados de desabastecer adrede el mercado con la finalidad de generar desestabilización social o para especular con las alzas de precios. Intervencionismo El gobierno no ha logrado bajar el precio del pan al nivel prometido, pero parecería que, tras este acuerdo, no habría un problema de desabastecimiento agudo en las panaderías. De todas formas, la población se sorprendió por una campaña mediática en la cual se alienta a la producción de pan casero, como forma de no convalidar los altos precios y combatir la escasez. Lo cual ha llevado a los analistas políticos a observar que, a pesar de su esfuerzo por atenuar el daño ante la opinión pública, el kirchnerismo terminará pagando un costo político por el problema del pan. “Hay que dedicar el tiempo que antes era libre para peregrinar al Mercado Central a comprar lo que se adquiría en el propio barrio. Y hay que dejar de descansar o de trabajar para hacer en casa el pan que se compraba al panadero. ¿Eso no es ajuste?”, plantea Jorge Oviedo, uno de los principales comentaristas políticos del diario La Nación. Por otra parte, entre los productores no hay dudas sobre quién tiene la culpa de esta escasez. Domingo Capeloni, presidente de la Asociación Argentina Pro Trigo, lo expresó de manera contundente: “Lo que sucede con el trigo es sencillo, las intervenciones del Estado llevaron a todo esto. Al tener los mercados intervenidos o cerrados, los productores dejaron de producir porque no podían venderlo. Eso fue lo que pasó y por eso tenemos la menor superficie sembrada de los últimos 110 años”. En un argumento tendiente a deslindar cualquier responsabilidad por parte de los productores, este dirigente destacó que las inversiones en tecnología han llevado a que los rendimientos aumentaran un 20 por ciento en los últimos cinco años. “No es que falte superficie, ni genética, ni tecnología, falta trigo porque hay malas políticas”, afirmó. En el mismo tono, Sebastián Olivero, de la consultora Agro Tecei, acusa: “Argentina tiene el trigo más caro del mundo; Moreno lo hizo”. Y agrega que, ni siquiera bajando los requerimientos sobre peso y calidad y mejorando sus ofertas, los molinos nacionales consiguen abastecerse. También el presidente de la Sociedad Rural Argentina apuntó contra el gobierno, por su política restrictiva hacia las exportaciones: “Mientras que no se intervinieron los mercados, y no hubo retenciones, se produjeron entre 16 y 18 millones de toneladas por año. El consumo es de 6 millones por año. Es decir, producíamos el triple de lo que necesitábamos. El gobierno intervino el mercado, le quitó rentabilidad al productor. El año pasado tuvimos la peor cosecha de 111 años con 9 millones de toneladas”, detalló. El origen de esta criticada política intervencionista data de 2006, todavía durante la Presidencia de Néstor Kirchner, cuando Moreno inició una serie de intervenciones en varios mercados, especialmente los de la carne, la leche y el trigo. Pero la cosa no termina con que se haya llegado este año a la tercera peor producción de la historia. Ocurre que, además, en el período que va desde el comienzo de la intervención, la industria molinera recibió subsidios por unos US$ 1.000 millones, al tiempo que los productores recibieron US$ 100 millones por compensación. Estos pagos fueron suspendidos hace dos años, lo cual agravó la situación del sector molinero. Buscando el culpable Lo cierto es que, pese al intento de Moreno por atenuar el impacto de la mala noticia, la autoestima del “granero del mundo” está afectada. Una prueba de ello es que las recientes noticias sobre el insólito desabastecimiento de papel higiénico en Venezuela ni siquiera dio lugar a chistes: los símiles entre las políticas de los dos países empiezan a ser preocupantes, al punto que muchos creen que habrá que esperar nuevos rubros de escasez. Todavía está fresco en los consumidores los períodos de faltante de carne, aceite y de yerba mate, que afectaron al país hace dos años. Por no hablar, claro, de los cíclicos desabastecimientos de combustibles que, al menos una vez al año, provocan largas filas de automovilistas en las estaciones. Y en todos los casos, el ciclo es el mismo: un mercado fuertemente intervenido, que se ve afectado en su capacidad productiva como consecuencia de una caída en la inversión. La prueba de los problemas también es que el “relato” oficial ya cada vez se concentra menos en negar la existencia de estos desabastecimientos y empieza a focalizarse en teorías conspirativas, como las que atribuyen la culpa de la escasez y los aumentos de precios a los “poderes concentrados”. Un síntoma de que el “affaire trigo” puede ser apenas el emergente de un problema más grande. Vacas flacas: consumo de carne en mínimo Aun con la gravedad y con el peso simbólico que tiene el problema del trigo y el pan, es posible que no sea el peor ejemplo sobre malos resultados de la política intervencionista. El sector de la carne, otro que está íntimamente ligado al orgullo nacional, también ha sido víctima de estos problemas. Tanto que el consumo per cápita de carne vacuna llegó a marcar hace dos año su mínimo histórico, con unos 55 kilos anuales por habitante. Era un número que se ubicaba incluso por debajo del mínimo registrado durante la recesión de 2002, cuando el país se encontraba en la peor crisis económica y social de su historia. También en ese caso, el detonante fue el cierre de las exportaciones, una “solución” que le permitió al gobierno inducir a una caída de los precios en el corto plazo, pero que generó una continua caída en el stock bovino. De los 60 millones de cabezas que había siete años atrás, hoy quedan 48 millones, como consecuencia de las “faenas de vientres” decididas por ganaderos que prefirieron cambiarse de rubro ante la caída de la rentabilidad. En ese período, han cerrado más de 120 plantas frigoríficas, y el sector perdió unos 12.000 empleos. Y lo más irónico del caso: los precios siguen subiendo. “El congelamiento generó una caída en el stock ganadero que posteriormente pagamos todos los argentinos con precios de la carne que no sólo se duplicaron a partir de 2010, sino que además hoy se ubican incluso algo por encima de los precios internacionales”, argumenta el economista.