ESPAÑA: IULV-CA urge a la Junta a prohibir los cultivos transgénicos en Andalucía, principalmente, de soja y maíz

El Grupo Parlamentario de IULV-CA ha registrado una proposición no de ley en la Cámara autonómica con intención de que pueda llevarse al pleno del 17 de julio para que, lo más pronto posible, se prohíban los cultivos transgénicos en la comunidad y, principalmente, los de la soja y el maíz. Según han explicado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, la defensora de esta iniciativa, la diputada Dolores Quintana, y la portavoz de la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos, María Carrasco, se trata de conseguir que, la Junta, en el marco de sus competencias, ponga en marcha "mecanismos políticos, administrativos y legales" al objeto de que, a corto y medio plazo, Andalucía sea una zona libre de transgénicos. Castro, que ha recordado que esta iniciativa forma parte de uno de los puntos del acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE-A --concretamente, del que especifica el "establecimiento de una moratoria en Andalucía sobre la liberación de cultivos transgénicos hasta que se lleve a cabo la revisión de la normativa española en esta materia"--, también ha valorado el trabajo realizado en las sesiones previas a la presentación de esta iniciativa con las organizaciones y representantes de los sectores afectados. Sobre todo, según ha incidido, porque esto está posibilitando la materialización de los "compromisos" adquiridos por su formación, algo que Carrasco ha agradecido públicamente en nombre de todos sus compañeros dada la "falta de transparencia" que existe en torno a estos cultivos y que impide conocer a ciencia cierta, por ejemplo, cuantas hectáreas de transgénicos existen en Andalucía --el Ministerio de Agricultura habla de 10.000 y la Consejería del ramo de 3.000-- y cuántos agricultores se dedican a estos cultivos. Ante ello, IULV-CA va a instar al Consejo de Gobierno de la Junta a que prohíba estos cultivos en Espacios Naturales Protegidos y en zonas donde la producción ecológica tiene una presencia importante y de interés social y económico. También, a que se prohíban los ensayos experimentales con cultivos transgénicos en el territorio andaluz (con especial hincapié en el maíz transgénico NK603 y trigo transgénico) y a que se prohíban "inmediatamente" los del maíz MON810 y los de la patata AMFLORA, dos de los más perjudiciales para la salud humana según distintos estudios. Además, la formación de izquierdas solicita la prohibición a corto y medio plazo de las importaciones de materias primas y alimentos transgénicos --principalmente soja y maíz para alimentación animal--, así como que se incluya en la interlocución agraria entre la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias el debate sobre estos cultivos y que se cree una comisión "de trabajo y control de la prohibición realizada, así como seguimiento de la hoja de ruta". De este modo, según ha destacado Quintana, se podrán estudiar y prever los impactos agrarios, ambientales y para la salud que tienen este tipo de cultivos y se podrá proteger mejor, por contra, a la "agricultura tradicional y ecológica" de la comunidad que, a su juicio, es la única que hará sostenible nuestra tierra. "Existen razones más que suficientes y de peso para prohibir los transgénicos", ha sentenciado la diputada, quien también ha aprovechado su intervención para volver a mostrar el rechazo de su grupo a la nueva Política Agraria Común. UNA PAC "MALA" PARA ANDALUCÍA En este sentido, ha señalado que IULV-CA no entiende "el triunfalismo y la autocomplacencia" del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, con la negociación de la PAC puesto que, en su opinión, es "muy negativa" para Andalucía porque, pese a la flexibilidad de la conocida como tasa plana, las concesiones de ayudas se van a hacer teniendo en cuenta el número de hectáreas, no de actividad agraria. Ante ello, ha exigido al consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta, Luis Planas, que "dé la batalla" para que a Andalucía "siga llegando el mismo dinero" y para que se aprueben "unas normas de mercado más justas".