La medida de fuerza impuesta por el SOMU cumplió dos semanas y a las ocho empresas afectadas ahora se sumaron las que buscan exportar anchoíta. Desde la Subsecretaría de Pesca buscan acercar a las partes.
Desde hace 17 días, ocho empresas pesqueras tienen paradas sus exportaciones por una medida de fuerza del SOMU, mediante la cual la organización sindical busca lograr la firma de un acuerdo, por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo, por el que las embarcaciones costeras de todo el país se comprometan a donar tres cajones de pescado o su equivalente en dinero al gremio, para ser usado “con fines benéficos”.
Desde el puerto de General Lavalle, contradiciendo al sindicato aseguraron que no han aceptado por el momento acceder a la firma del acuerdo y que tomarán una decisión sobre el fin de semana. La Cámara de Frigoríficos Exportadores –CAFREXPORT- presentó hace una semana un recurso de amparo con medida cautelar pero hasta el momento la justicia no ha dictado una resolución. Las gestiones políticas encaradas desde la Subsecretaría de Pesca buscan acercar a las partes acordando un aporte de acción social dentro del CCT para financiar la obra social.
La semana pasada se realizaron reuniones en el Ministerio de Trabajo a instancias de la viceministro Noemí Rial, quien se comprometió a destrabar el conflicto a la brevedad ante los representantes empresarios, tanto de las pesqueras afectadas por la medida como de la Asociación de Costeros. También aseguró en aquel momento la funcionaria que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yauhar y el subsecretario de Pesca, Miguel Bustamante, se encontraban realizando gestiones con el mismo fin. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado una solución.
En el día de ayer, Bustamante se reunió durante dos horas con la dirigencia del SOMU. La propuesta realizada desde la Subsecretaría de Pesca fue dejar de lado el tema de los cajones y las pretensiones de un cobro retroactivo, para pasar a la elaboración de un acta acuerdo mediante la cual la Asociación de Costeros se comprometa a realizar un aporte al rubro acción social para colaborar con la financiación de la Obra Social del gremio.
Todo parecía estar encaminado hacia un potencial acuerdo de partes pero la decisión del gremio de extender la medida de fuerza hacia las empresas que exportan anchoíta, hizo retroceder varios casilleros. Ahora depende de que el SOMU libere a las empresas que tienen los contenedores cargados de engraulis para que desde la Asociación de Costeros contemplen la posibilidad de dar curso a la propuesta de incluir el aporte al Convenio Colectivo de Trabajo. Hoy los armadores realizarán una asamblea con sus asociados para decidir cuál será la postura que adoptarán.
SIN NOVEDADES SOBRE EL AMPARO
El Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata tiene en su poder, desde el jueves 22, la solicitud de un recurso de amparo con medida cautelar, presentado por CAFREXPORT, sin que existan aún definiciones. En el escrito la representante legal de la cámara, Adriana Comiso, había argumentado que se trataba de una medida extorsiva toda vez que no involucraba un reclamo laboral, ni se estaba ejerciendo el derecho a huelga, sino ejerciendo presión sobre un grupo de empresas ajenas al conflicto. A su vez alertó sobre la posibilidad de que la prolongación de la medida de fuerza, “lleve a la quiebra” a las ocho empresas afectadas, con la consecuente pérdida “de mil puestos de trabajo”.
La letrada sostuvo que lo más peligroso de aceptar las condiciones impuestas por el SOMU es que “se legitimaría una metodología extorsiva” y se mostró esperanzado en que en el día de hoy el juez, Eduardo Jiménez, emita una resolución. Si ello ocurre, probablemente el gremio deba olvidarse por un tiempo de lograr un aporte extraordinario para financiar la obra social.
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